«En 2021 el propio presidente Sánchez afirmó en una sesión de control que la celebración del debate del estado de la nación era buena para que España fuera recuperando la normalidad democrática y que eso era lo que iban a hacer los próximos años. Lástima que desde entonces solo se sometiera a ese debate en 2022. Estamos acostumbrados a que el Sánchez del pasado sea irreconocible por el Sánchez del presente. (Aplausos). Imaginamos que cuando el representante del Grupo Parlamentario Socialista suba a esta tribuna, en lugar de limitarse a apoyar una medida que es buena para fortalecer nuestro sistema democrático, utilizará el argumentario de Moncloa, es decir, las veces que el presidente Sánchez presume de haber comparecido en el Pleno de esta Cámara, pero no nos dirá que la práctica totalidad de las comparecencias que ha solicitado a petición propia lo han sido por obligación legal, es decir, para informar tras los consejos europeos o para solicitar las prórrogas de los estados de alarma. De hecho, la única comparecencia a petición propia sin esa obligación legal en la pasada legislatura fue sobre la invasión de Ucrania, y en esta legislatura ha sido sobre la catástrofe de la dana y de la riada casi un mes después de la tragedia, el 27 de noviembre. Por ello, creemos importante blindar la obligación legal de celebrar este debate, incorporándolo al Reglamento de la Cámara. Es sabido que fue el presidente González el primero en celebrarlo y que ha sido una buena práctica respetada por todos los Gobiernos que le sucedieron. Hasta Pedro Sánchez, claro, una muestra más de las anomalías democráticas que está generando este presidente. Como la negativa a aceptar las propuestas aprobadas por esta Cámara, ya sea mediante propuestas de resolución, proposiciones no de ley, mociones o, lo más importante, propuestas de leyes, singularmente las que provienen del Senado o del grupo mayoritario de la Cámara, es decir, del Grupo Parlamentario Popular. Es importante reiterar que la celebración del debate del estado de la nación conlleva la aprobación de propuestas de resolución, es decir, de un auténtico programa político; programa del que carece este Gobierno, porque, señorías, la investidura no fue un acto de normalidad democrática, sino la escenificación de un negocio, de una transacción corrupta de impunidad a cambio de poder. (Aplausos). Y los pagos aplazados continúan venciendo: traspaso de competencias exclusivas, expulsión de la Guardia Civil, control de fronteras, quita de la deuda, etcétera ¿Qué nueva tropelía contra la Constitución vence próximamente? Los españoles ya conocemos el estado de su Gobierno, sin programa, sin presupuestos, sin dirección, sin rumbo y absolutamente dividido.»

Fragmento 4 de 6 de esta intervención.