«Con la venía, señor presidente. No me digan que no se nos está quedando un debate precioso. La portavoz del Partido Popular ha dicho que el Parlamento era el templo de la palabra, y en cuanto ha terminado de hacer uso de la palabra su grupo parlamentario ha salido de estampida rumbo a no sé dónde. (Rumores). Y la portavoz del Grupo Parlamentario SUMAR ha dicho que los ciudadanos estaban hartos de discursos vacíos y usted ha llenado el suyo de todo, absolutamente de todo menos de lo que tocaba hablar, que era de la de reforma del Reglamento. (Aplausos). Ha conseguido usted el logro nada sencillo de hablar durante siete minutos sin haber dicho absolutamente nada sobre la cuestión que nos traía hoy a colación y sin que el presidente le haya llamado al orden ni a la cuestión, por cierto. Bien, durante muchos años mis alumnos de la universidad me han escuchado explicarles lo que es una costumbre constitucional, y cada vez que lo he hecho he visto dibujarse en ellos la misma expresión de incredulidad propia de quienes diseñan su mente para trabajar en un sistema jurídico en el que las normas se hallan meticulosamente codificadas, perfectamente redactadas y la sanción a su incumplimiento es perfectamente determinable. Y cada vez he tenido que responder a la misma pregunta: ¿cómo se garantiza la obediencia de una regla constitucional si esta no está escrita, si su incumplimiento no trae aparejada una sanción igualmente clara? Cada vez que la he escuchado, he dado la misma respuesta: porque la fuerza vinculante de una costumbre constitucional deriva de su arraigo, de su cualidad de regla que todos sienten que es vinculante, de su continuidad, de su condición de práctica que ha superado el test del paso del tiempo y, cómo no, de la seguridad de que su vulneración traerá aparejada una sanción social, política, ética y mediática más grave que cualquier sanción penal o administrativa que pudiésemos imaginar. Y cada vez que lo he hecho he dado el mismo ejemplo: en Gran Bretaña no hay ninguna regla escrita que diga que el rey tiene que nombrar como primer ministro al líder del partido que ha ganado las elecciones, pero desde hace doscientos años eso es exactamente lo que sucede al día siguiente de que los británicos se citen con las urnas y a nadie se le ocurriría proceder de otra manera. Claro que esa explicación vale solo para aquellos países que se respetan a sí mismos y no para los que venden su soberanía al mejor postor; para aquellos que preservan sus tradiciones y no para los que juguetean con un proceso constituyente eterno; para aquellos que se toman en serio el Estado de derecho y no para los que se piensan que las leyes significan una cosa distinta cada legislatura; en fin, para aquellos liderados por auténticos hombres de Estado y no por oportunistas que por seis papeletas se aliaron con ETA. (Aplausos).»

Fragmento 1 de 4 de esta intervención.