Diputada
«No podemos seguir aceptando, bajo el pretexto de la eficiencia, que se dejen de prestar servicios imprescindibles para la ciudadanía. Rechazamos, por tanto, una liberalización completa del sector, porque sabemos que la liberalización siempre perjudica a los más vulnerables. Sin embargo, somos conscientes de que hay espacios donde podría tener sentido una competencia regulada, siempre dentro de un marco de servicio público. Defendemos, por tanto, ese modelo mixto, con servicios garantizados allí donde sea necesario y cierta competencia regulada allí donde sea viable, pero siempre desde el interés general, y nunca como excusa para desregularizar o precarizar. En cualquier caso, cualquier modificación del mapa concesional estatal no puede suponer una centrifugación de responsabilidades económicas hacia las Administraciones autonómicas o locales. Por último, es importante recordar que las competencias del Estado en materia de transporte público se limitan a los servicios de larga distancia y entre comunidades autónomas y que estas realmente tienen una incidencia muy limitada en la movilidad cotidiana. Por eso reclamamos que la gestión de la movilidad vial sea plenamente asumida por la Generalitat y los entes locales, que son los que conocen de primera mano las necesidades reales de la ciudadanía.»
Fragmento 5 de 6 de esta intervención.