«La segunda: hay que extender las ayudas a los vehículos de empresa y para alquiler. Las empresas en España siguen comprando mayoritariamente vehículos de combustión interna. Tercera, aumentar la disponibilidad de instalaciones de recarga. Vamos avanzando, como indicaba la ministra, pero en España disponemos de cuatro puntos de recarga por cada 100 kilómetros de carretera, mientras que Portugal tiene nueve. Otro dato, solo tres países de la Unión Europea: Países Bajos, Francia y Alemania, que cubren solamente el 20 % de la superficie de la Unión Europea, albergan casi dos tercios de todos los puntos de recarga de la Unión Europea. El otro tercio del total de cargadores se distribuye en los otros veinticuatro Estados miembros, cubriendo casi el 80 % del resto del territorio. Por tanto, nos tenemos que poner las pilas. Cuarto, incluso más importante que lo anterior: debemos impulsar la creación de un sistema de recarga unificado que reduzca la fragmentación de plataformas de interoperabilidad. La recarga pública en España es de las más caras de Europa, hasta un 130 % más cara que en Portugal, lastrada en parte por la falta de interoperabilidad. De hecho, Portugal decidió desde el principio que solo habría un sistema de gestión de recarga, que sería llevado a cabo por una iniciativa pública denominada Mobi.E. La presencia y la planificación por parte del Estado en este caso han sido el motor de éxito y, una vez demostrado su funcionamiento, se ha privatizado. Por tanto, la limitada disponibilidad de recarga y el sistema fragmentado crean un mayor temor a la falta de autonomía que hay que atajar. Más posibilidades de recarga y un sistema unificado despejarían incertidumbres y trasladarían seguridad a la ciudadanía para incentivar su compra, y esta, a su vez, incentivaría la producción. De hecho, incentivar el consumo facilitando las compras de vehículos de cero emisiones es clave para la descarbonización del sector.»

Fragmento 3 de 5 de esta intervención.