«Pero también debemos impulsar la producción, como señalaba la ministra, y atraer inversiones para la fabricación de baterías y de nuevos modelos de vehículos electrificados, y consolidar el sector de la automoción en esta transición imprescindible y de una sola dirección (aplausos) -recordemos- hacia la transición verde justa, para un sector que en su conjunto representa el 10 % del PIB del país y da empleo a más de un millón de personas. Hay que impulsar la transformación del sector y aumentar su competitividad no solamente acelerando el despliegue de la infraestructura de carga, como ya hemos mencionado, sino también optimizando las cadenas de suministro de materias primas y baterías, reduciendo las cargas administrativas y abordando las necesidades de energía, así como las necesidades de formación en habilidades de los trabajadores y trabajadoras del sector. La industria del vehículo eléctrico también intenta resolver el abastecimiento de los minerales necesarios para producir las baterías. De hecho, representan el 30 % del coste del vehículo eléctrico, siendo este uno de los grandes retos precisamente en este contexto de inestabilidad geopolítica. Para conseguir mayor autonomía estratégica hay que reforzar las políticas de I+D y desarrollar soluciones tecnológicas alternativas que puedan reducir la dependencia de materiales, cuyas perspectivas de suministro son inciertas. También hay que acompañar el desarrollo de las nuevas competencias profesionales relacionadas con el vehículo eléctrico, aprovechando las oportunidades que ofrece la nueva ley de Formación Profesional, y para ello es fundamental que se diseñe en el marco de la negociación colectiva y el diálogo social.»

Fragmento 4 de 5 de esta intervención.