«La realidad es que la capacidad ordinaria de Canarias, si tuviésemos en nuestro país un total de veinte mil menores no acompañados, no llegaría a mil, pero en estos momentos tiene seis mil, es decir, seis veces más. Y hemos escuchado a representantes autonómicos decir que están desbordados con seiscientos menores, teniendo sus comunidades cinco millones de habitantes. Si con seiscientos menores está desbordada una comunidad de cinco millones de habitantes, ¿qué adjetivo, señorías, pondrían ustedes a una comunidad como Canarias, de dos millones de habitantes, que tutela a seis mil menores? (Aplausos). ¿O qué dirían ustedes de Ceuta, que atendió en el año 2024 a 867 menores migrantes no acompañados, con una población de 84 000 habitantes? ¿Qué dirían? Por eso este decreto es justo, porque se basa en la capacidad ordinaria, porque hoy es Ceuta, Melilla y Canarias, pero mañana puede ser cualquier otro territorio. Las rutas cambian y con este real decreto, que es renovable, cualquier territorio estará amparado ante una contingencia migratoria. Y quiero también recalcar que este real decreto ley establece de manera específica un fondo económico necesario para hacer frente a la contingencia y que pone en valor el esfuerzo realizado, así como algo que también es muy importante: preserva las competencias y la autoridad de las comunidades autónomas, porque se remite a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que pude modificar los criterios para la acogida si se decide por unanimidad, como ocurrió, por ejemplo, en el año 2022.»

Fragmento 10 de 17 de esta intervención.