«Quiero detenerme también en el concepto de esfuerzo realizado. Indudablemente, este real decreto ley parte de una realidad, que es la de los menores que han atendido las comunidades en el año anterior. Eso significa que hay comunidades que, por población, han ello más esfuerzo en atender a esos niños y a esas niñas que otras. No se trata, como han lanzado algunos de manera oportunista, de que se haya tratado de beneficiar a unas comunidades sobre otras, en absoluto. Los números que surgen y salen son objetivos: se divide entre la población y, por tanto, cada uno sabe qué comunidades han hecho un mayor esfuerzo, o, dicho de otro modo, qué comunidades han atendido un mayor número de menores migrantes en relación con su población. Precisamente, este real decreto ley pretende corregir esos desequilibrios, porque, señorías, este es un conjunto de comunidades autónomas, este es un país y entendemos que al fenómeno migratorio hay que dar una respuesta de Estado, una respuesta de país. Además, el real decreto ley plantea pautas temporales razonables ante la respuesta que exigen menores que en estos momentos están hacinados en distintos territorios del país. Se establece un marco temporal de doce meses para los 4400 menores -Canarias y Ceuta-, con sus derechos preservados -audiencia al menor, informe de la fiscalía-, a la vez que, en tanto en cuanto se mantenga esa contingencia migratoria, los nuevos niños que lleguen a estos territorios podrán ser derivados en condiciones dignas, en un plazo de quince días, tras la afiliación y las comprobaciones pertinentes. Eso es atender el interés superior del menor, que no se atiende cuando están hacinados, sin escolarizar, sin cubrirse con todas las garantías sus necesidades personales.»

Fragmento 11 de 17 de esta intervención.