«Indudablemente, todo esto se desarrollará en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que, de acuerdo con el real decreto ley, debe ser convocada, como máximo, tres meses después de la aprobación del real decreto ley por el Consejo de Ministros, es decir, antes del 20 de junio de este año, aunque les adelanto que no se va a agotar ese plazo al efecto de impulsar los trabajos para la aplicación del real decreto ley. Y vuelvo a repetir que en el seno de esa conferencia sectorial, donde están todas las comunidades, se pueden modificar los criterios que se establecen en este real decreto ley. Señorías, debemos defender el interés superior del menor, deben estar defendidos y atendidos con dignidad. Conociendo su vulnerabilidad, creemos que ningún representante público debería poner pegas a recibirlos en igualdad de condiciones de población, teniendo en cuenta el esfuerzo realizado, la dispersión, la renta y los criterios de la conferencia sectorial. Por eso entendemos que este es un muy buen real decreto ley. Y, teniendo en cuenta que estamos ante una convalidación y que estamos abiertos a que pueda mejorarse con sus aportaciones o enmiendas en el trámite parlamentario como proyecto de ley, la propuesta también es absolutamente rigurosa.»

Fragmento 12 de 17 de esta intervención.