«Señores ministros, este real decreto ley va en contra de todos los principios que habíamos recogido en el acuerdo con Canarias. En primer lugar, establece un mecanismo unilateral e impuesto por el Gobierno para el traslado de los menores, sin la asunción de ninguna responsabilidad por su parte, tampoco la económica. Este texto vulnera flagrantemente las competencias autonómicas en materia de protección de menores, invadiendo su autonomía y convirtiendo la necesaria coordinación en una imposición y sin los recursos para ello. Los criterios de reparto que imponen son injustos y arbitrarios, sin tener en cuenta la realidad de cada territorio. Eso sí, bien diseñados para que a Cataluña, como ya confirmó Junts, no lleguen nada más que veinte menores, mientras que a la Comunidad de Madrid y Andalucía más de ochocientos. ¡Y lo que es peor, quieren enviar más menores a Melilla de nuevo que a Cataluña! Esto no tiene un pase, ministros. (Aplausos.-La señora Montesinos de Miguel: ¡Qué barbaridad!). Es la prueba de lo injusto y arbitrario de su reparto. De hecho, van a penalizar con sus criterios, con esas plazas teóricas según su baremo gubernamental, a aquellas comunidades que han llevado a cabo un mayor proceso de desinstitucionalización que ustedes han impulsado, ministra. Se les llena la boca hablando, efectivamente, de desinstitucionalización, como la mejora de la atención de los menores, y estamos de acuerdo, pero ahora quieren llenar todas las comunidades de grandes centros masificados de acogida. ¿En qué quedamos? ¿O como son menores inmigrantes ya les da igual cómo estén?»

Fragmento 4 de 6 de esta intervención.