«Sobre la ley de memoria, creemos que el tiempo nos ha dado la razón. En los dos años y medio desde su entrada en vigor, ha habido múltiples incumplimientos. La reforma legal para disolver asociaciones que nos ocupa llega con retraso. No tenemos noticia de la restitución de los documentos requisados a los ayuntamientos, no tenemos noticia de la restitución de los depósitos en papel moneda ni tampoco de los patrimonios confiscados, y tampoco sabemos nada de la compensación a los trabajadores forzados. Pero lo peor de todo es que la Ley de Memoria Democrática ha consolidado un modelo de impunidad que priva de tutela judicial efectiva, y, por tanto, deja sin justicia, a las víctimas. Es un modelo de impunidad construido desde una judicatura que no ha terminado de cortar sus vínculos con el franquismo. Es cierto que la ley prevé el derecho a la investigación y es cierto que prevé el nombramiento de fiscales de memoria. En ese sentido, celebramos que la Fiscalía de Barcelona haya abierto, por primera vez, diligencias penales para investigar las torturas perpetradas por miembros de la Brigada Político-Social en la prefectura superior de Via Laietana a raíz de la denuncia presentada por la defensora de la lengua y cultura catalanas, Blanca Serra, en su nombre y en el de su hermana, ya difunta, Eva. Tras centenares de intentos, es la primera vez que la Fiscalía va a investigar, por crímenes contra la humanidad, torturas perpetradas por la Policía española en las dependencias de Via Laietana. No dudamos de la voluntad de la Fiscalía para hacer efectivo el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y a las garantías de no repetición, pero sí que sabemos -y lo decimos desde ahora- que, cuando esta investigación llegue al juez, por mucho que se haya constatado cuáles son los crímenes y quiénes son los criminales que los cometieron, lo máximo que podrá haber es una simple declaración judicial civil de reconocimiento de los hechos, sin efectos penales. Por lo tanto, habrá una condena, pero no habrá justicia. Esto es así porque la Ley de Memoria Democrática no incluyó la medida clave para evitar que los jueces continúen obstaculizando las condenas a los criminales franquistas, que es la declaración de la amnistía de 1977 por crímenes de lesa humanidad. Por tanto, los jueces pueden continuar archivando sistemáticamente las denuncias hasta que ya no quede ningún criminal franquista vivo. De hecho, como ya lo ha explicado el diputado del BNG, las Naciones Unidas han recordado repetidamente al Estado español la obligación de garantizar que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y por eso hay que derogar la amnistía de 1977. Es un recordatorio que, por cierto, no debería ser necesario, porque, si el Estado y los jueces españoles creyeran realmente en el derecho internacional, la obligación de no aplicar la amnistía a los crímenes de lesa humanidad sería automática desde el momento en que España firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y la Constitución española establece que los tratados ratificados por España son derecho interno y que las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades públicas se interpretarán conforme a la Declaración de los Derechos Humanos y a los acuerdos internacionales ratificados.»

Fragmento 4 de 6 de esta intervención.