«Buenas tardes, presidenta. Señorías, hoy venimos a lograr la disolución de algo que nunca tuvo que existir en democracia, las asociaciones franquistas. El derecho de asociación, reconocido en el artículo 22 de la Constitución, es un derecho fundamental de la sociedad civil, clave para la participación democrática de la ciudadanía en los asuntos públicos. Sin embargo, este derecho pierde toda legitimidad y queda pervertido si es utilizado para glorificar el golpe de Estado fascista, la dictadura y el odio. Y este camino se inició desde abajo, en las plazas y cementerios donde los familiares de las víctimas exigían, silenciados, que se acabara la impunidad, que alguien los escuchara. Y no podemos vivir en democracia si no se arregla lo más básico, la reparación frente al dolor de quienes sufrieron la dictadura. Y después gracias a la Ley de Memoria Democrática, en la que nos pusimos de acuerdo para avanzar, cediendo mucho para que fuera efectiva, y que no debe quedar en papel mojado. Y la ley que hoy venimos a cumplir, dando mandato a la disposición adicional séptima, que establece que en el plazo de un año hay que modificar la Ley Reguladora del Derecho de Asociación. Y, por último, gracias al Ministerio de Cultura, cuando el propio ministro Ernesto Urtasun sentenció, con valentía, que concurrirán en causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general. Y se considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado, con menosprecio y humillación a las víctimas, iniciándose así, de forma histórica, el trámite de extinción de la Fundación Francisco Franco.»

Fragmento 1 de 6 de esta intervención.