«Señorías, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística arrojan que en 2023 se formalizaron 172 430 matrimonios en España. Según datos oficiales del Ministerio del Interior, en ese mismo año se detectaron diez casos de matrimonios forzados. Está claro que hay que trabajar para que no haya ni uno solo, pero que ustedes traigan aquí hoy una iniciativa para un delito que representa un 0,0058 % del total denota ignorancia o hipocresía. Ignorancia, porque ustedes solicitan el endurecimiento de las penas cuando la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, en su disposición final sexta, modifica el artículo 177 bis del Código Penal, castigando con pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de seres humanos al que, entre otras finalidades, celebre matrimonio forzado. Está claro que no se leyeron la ley porque ustedes votaron no. Y denotan ignorancia porque recurren exclusivamente al derecho penal, cuando la evidencia y todos los estudios jurídicos demuestran que el simple aumento de las penas no se traduce necesariamente en una mayor prevención o erradicación del delito. Ustedes no proponen ni una sola medida complementaria, ni de protección ni de prevención. Su iniciativa, por tanto, es del todo inadecuada para abordar este problema en toda su dimensión.»

Fragmento 2 de 5 de esta intervención.