«Nosotros pensamos que estas empresas se están saltando el artículo 7.1 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, que afirma -y cito-: 'Las entidades privadas, siempre que las circunstancias lo aconsejen y en todo caso cuando sean operadoras de servicios esenciales y de infraestructuras críticas que puedan afectar a la seguridad nacional, deben colaborar con las administraciones públicas'. Por eso, señora ministra, lo segundo que yo les solicitaría es que cumplan esa ley y que, si se niegan a dar la información, que intervengan las entidades privadas del sector eléctrico para recabar toda la información de que dispongan sobre el apagón, en cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional, y, si es necesario, que intervengan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la sede de estas compañías para recabar esta información, y ello por una sencilla razón, y es porque un bien esencial para la vida y el sostenimiento de la sociedad debe estar guiado por el interés general, y no por el ánimo de lucro.»

Fragmento 4 de 8 de esta intervención.