«Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Hoy avanzamos en la modernización de nuestro marco legal en materia de navegación y seguridad aérea. Abordamos la reforma de dos leyes que son pilares estratégicos para el sector aéreo y con esta actualización garantizamos un sistema seguro, competitivo y plenamente adaptado a las necesidades del siglo XXI. El transporte aéreo tiene un peso clave en nuestra economía. Su impacto directo se estima en 24 000 millones de euros, lo que representa el 1,7 % del producto interior bruto, pero si sumamos los efectos indirectos, el impacto total asciende a 156 000 millones de euros, el equivalente a un 10,8 % del PIB. En términos de empleo, se estima que genera 305 000 puestos directos y hasta 2 millones si contemplamos también los puestos indirectos. Pero no solo es una pieza clave para nuestra economía, también es fundamental para garantizar el derecho a la movilidad de la ciudadanía. En 2024, el mercado aéreo español registró más de 2,3 millones de operaciones y movió 309 millones de pasajeros. Actualmente, señorías, somos el primer mercado aéreo de Europa, el tercero a nivel mundial. Las mejoras que se plantean en esta reforma legislativa aportan coherencia y seguridad jurídica. Avanzamos en simplificación administrativa e incorporamos la regulación de avances tecnológicos como el de las aeronaves no tripuladas. Se crean las comisiones mixtas medioambientales de cada aeropuerto de interés general para eliminar duplicidades y hacer más eficientes los espacios formales de relación entre el Estado y las Administraciones autonómica y local. Se aborda la integración del régimen de los planes directores con el de las servidumbres aeronáuticas, de modo que las limitaciones al planeamiento territorial y urbanístico se correspondan con las necesidades reales de la navegación aérea. Se reconoce expresamente la condición de personal aeronáutico a pilotos y asistentes de las operaciones de las aeronaves no tripuladas y, con ello, pasan a tener las mismas obligaciones en materia de seguridad aérea que el personal de vuelo o de tierra. De esta manera, por ejemplo, tendrán que someterse a pruebas de alcoholemia y sustancias psicoactivas cuando sean requeridos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Se agilizan las autorizaciones de aeronaves en actividades de menor riesgo en aviación general y deportiva o en vuelos médicos y de emergencia. Se revisa el régimen sancionador para asegurar una mayor proporcionalidad y para incorporar la normativa europea en relación con la utilización de drones. Se facilitan los derechos de las personas usuarias y se protege mejor a los profesionales en el ámbito de la denominada cultura justa.»

Fragmento 1 de 5 de esta intervención.