«Finalmente, nuestro grupo parlamentario, atendiendo a la realidad y la preocupación que tenemos por la insularidad, por Canarias, por Baleares y también por Ceuta y Melilla, conscientes de la necesidad de mantener las subvenciones que existen para las personas que residen allí y que adelantan las compañías aéreas y conscientes también de que existe una deuda viva pendiente del Estado, que nosotros valoramos en 1200 millones de euros entre lo que tiene pendiente en 2024 y lo que se genere en 2025, consideramos que esa enmienda transaccional que se ha pactado de 319 millones, por las informaciones que tenemos, no por las que el Gobierno nos ha querido suministrar, es insuficiente para atender esas obligaciones y que no es razonable que se cargue sobre las aerolíneas una obligación del Estado. Además, puede llegar el caso de que se pueda poner en peligro por parte de estas aerolíneas el que se materialicen determinadas rutas y se supriman vuelos. Por todo ello, es bastante razonable nuestra pretensión y lamentamos mucho que se haya producido este veto.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.