«Muchas gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, quería que mis primeras palabras fueran para los usuarios que esta misma semana han sufrido las consecuencias de gravísimos fallos en el sistema ferroviario, que ha colapsado, con averías masivas, retrasos interminables y condiciones indignas, sin información, sin ayuda y sometidos a una experiencia humillante. Señoras y señores diputados, esto se tiene que acabar. No podemos permitir ni mantener a un ministro que se escuda detrás de excusas ridículas, que culpa a terceros de su propia incompetencia y que evade sistemáticamente su responsabilidad como principal autoridad de este desastre. Basta de complicidad, y aquí quiero apelar también a los grupos parlamentarios que dan apoyo a este Gobierno, porque, si no hacen algo, serán cómplices de esta situación, avalando la ruina de lo público que tanto dicen defender. (Aplausos). Pero vamos a la ley. Hoy, nos encontramos ante un proyecto de ley que, bajo la aparente excusa de una actualización legislativa, esconde un nuevo intento de imponer, desde la comodidad del despacho bruselense, una sumisión doctrinaria a los dictados de Bruselas, una visión ideológica de la sostenibilidad ambiental que dista mucho de ser realista, equilibrada o justa. Este proyecto de ley modifica dos leyes verdaderamente obsoletas, una del año 1960, la Ley de Navegación Aérea, y otra de 2003, la Ley de Seguridad Aérea. Y podría haber sido una gran oportunidad para fortalecer un sector estratégico y -aquí se ha dicho- para facilitar su adaptación tecnológica e impulsar la innovación aeronáutica. Pero, en lugar de eso, lo que tenemos ante nosotros es otra carga más sobre un sector ya suficientemente tensionado, y todo ello en nombre de un fanatismo climático que no entiende de plazos ni de capacidades técnicas, ni de impacto económico.»

Fragmento 1 de 3 de esta intervención.