«Señor Cuerpo, decía que esto no es una respuesta a la agresión de Trump, sino una mera gestión de las primeras consecuencias, pero, incluso como respuesta parcial, nosotros creemos que hay cosas que están mal enfocadas. Todas las medidas de este real decreto se centran, por ejemplo, en la situación de las empresas potencialmente afectadas por los aranceles para suministrarles financiación a través de créditos ICO, pero España es un país fundamentalmente importador de los Estados Unidos. En caso de concretarse esa guerra arancelaria, uno de los impactos más fuertes sería sobre el precio de los productos y, por tanto, sobre la inflación. Por eso, a nuestro juicio, dentro de las medidas del real decreto habría que incorporar el establecimiento de un precio máximo a productos de primera necesidad que se pudieran ver afectados, intentando defender a los consumidores del impacto arancelario (aplausos) y evitando que las distribuidoras aprovechen esta situación para encarecer aún más los productos, como hemos visto en otras crisis. Por otra parte, los apoyos financieros previstos en el real decreto se realizan incondicionalmente, sin que las empresas se tengan que comprometer, por ejemplo, al mantenimiento del empleo o a la actividad, pudiendo directamente utilizar estas ayudas para engrosar sus beneficios. Igualmente, nosotros entendemos que no puede afrontarse el conflicto comercial con los Estados Unidos sin activar en el marco europeo el mecanismo anticoerción, que permite restringir la contratación pública o la inversión extranjera directa a países que intenten impulsar medidas para condicionar nuestra regulación europea, por ejemplo, en el caso de la tasa Google; es un mecanismo que se ha puesto en marcha antes, por ejemplo, con un conflicto mucho menor, como fue el chino-lituano en el año 2021.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.