«Cataluña y el país valenciano son dos de las zonas más expuestas a estos aranceles. El sector de componentes de la automoción y la industria agroalimentaria, la cerámica, los procesos químicos y el textil ya están sufriendo los efectos de este contexto comercial, que es incierto, que es adverso, y son sectores con gran presencia en los países catalanes. Por eso queremos una ocupación estable y fuerte arraigo en el territorio. No queremos empresas que corten y reduzcan sus empleados en muchos territorios de Cataluña; no queremos ver cómo en la Plana de Castellón y otras regiones de Valencia también se hacen expedientes de regulación a espera de las ayudas. Vamos a ser claros, hay que incluir desde el principio ayudas a las empresas, un mapa claro de los sectores más perjudicados por la escalada arancelaria en Cataluña. Pedimos también una garantía de la estabilidad laboral y pedimos que la respuesta europea sea lo más solidaria posible. Queremos que el fondo europeo sea más ambicioso, financiado de forma común y también, si hace falta, con la deuda para impulsar los sectores que sufran más los aranceles. ¿Y qué hemos conseguido en esta negociación? Hemos explicitado que el Gobierno español tendrá que evaluar la ocupación y las exportaciones en los sectores afectados y, a partir de esa lectura, activar el mecanismo RED, si hace falta, para evitar que las empresas beneficiarias no puedan reducir su plantilla. Hemos asegurado que el Gobierno español impulse el proceso para que el ICF consiga la ficha bancaria, para que sea una banca justa. Es una reivindicación histórica de Esquerra Republicana y una medida muy importante para nosotros, como usted sabe, en estos tiempos de concentración y monopolio bancario, como hemos visto con la OPA del BBVA al Sabadell, que, por cierto, esperamos que el Gobierno frene.»

Fragmento 8 de 9 de esta intervención.