«Con sus carencias, la creación de la Corte Penal Internacional por el Estatuto de Roma en 1998 es el resultado de décadas de esfuerzos para conseguir algo parecido a una justicia internacional que impida los peores crímenes contra la humanidad. No obstante, a pesar de este esfuerzo para que lo único que quede en el mundo no sea el uso de la fuerza, la cruda violencia, la ley de la selva y el todos contra todos, no vive sus mejores momentos. El orden mundial en el que se creó la Organización de Naciones Unidas, que es el medio del derecho internacional humanitario y, en definitiva, de la Corte Penal Internacional, ha mutado. Ya no es la globalización que formalmente mantenía el respeto por el derecho internacional, sino que estamos ante una nueva realidad internacional en la que el conflicto y la violencia, las de siempre y las nuevas, se abren paso con fuerza. Las grandes potencias, como los Estados Unidos, Rusia, China o Israel, no han querido nunca ratificar el Tratado de Roma, pero ya no estamos ahí. Ahora estamos en un nuevo escenario en el que el Estado de derecho mundial se rechaza explícitamente y se ataca frontalmente la justicia internacional. El ejemplo más reciente es la orden ejecutiva del presidente Trump de febrero pasado que impone sanciones contra la Corte Penal Internacional y sus responsables en respuesta a las órdenes de detención emitidas contra el primer ministro israelí Netanyahu. Es una medida que no solo se dirige al tribunal, sino también a los testigos, supervivientes, empresas y organizaciones que trabajan por los derechos humanos y que, por tanto, afectará negativamente a todas las investigaciones de la CPI, no solo a las que se opone el Gobierno de Estados Unidos, sino también, por ejemplo, a las de Ucrania, Uganda o Darfur.»

Fragmento 5 de 8 de esta intervención.