«La solicitud de autorización de la ratificación se hace por tratarse de ley orgánica, con arreglo al artículo 93 de la Constitución. Y el artículo 93 es relativo a tratados que suponen cesión de competencias soberanas. Nosotros, el partido de VOX y su grupo parlamentario, no somos partidarios, con carácter general, de cesiones de soberanía a organizaciones de carácter supranacional. Otros partidos, todos o casi todos, declinan o han decaído, lamentablemente, en ese postulado de cesiones sin límite. La corte existe desde 1998, como es sabido, y España firmó el tratado ese mismo año y lo ratificó en 2000, siempre durante el Gobierno del señor Aznar, del Partido Popular. Por lo tanto, con carácter general, aquí no hay ninguna novedad salvo la ampliación de competencias de la corte para juzgar otros delitos, pero esos delitos, calificados como crímenes de guerra, podrían ser igualmente juzgados por los tribunales penales nacionales sin que esto supusiera que dejasen de ser castigados ni perseguidos. Además, podrían ser juzgados por dichos tribunales penales nacionales de modo cada vez más expansivo debido a la expansión que conoce el concepto de jurisdicción universal desde el caso Pinochet de 1998, causado por un magistrado -cuyo nombre omito- que posteriormente y por otro motivo fue condenado a inhabilitación especial por el Tribunal Supremo y expulsado de la carrera judicial.»

Fragmento 1 de 2 de esta intervención.