«Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, el debate de hoy nos interpela, apela a nuestra responsabilidad como legisladores de un Estado democrático de derecho y que es parte activa de la comunidad internacional que lucha contra la impunidad y en defensa de la dignidad humana. Ratificamos cuatro enmiendas al artículo 8.2 del Estatuto de Roma, adoptado en 1998 y en vigor desde el 2002. Este estatuto fue uno de los grandes avances de la historia del derecho penal internacional y es uno de los mejores ejemplos del multilateralismo. Dio lugar a la Corte Penal Internacional y es el primer tribunal permanente encargado de juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y, más recientemente, el crimen de agresión. España lo ratificó en el año 2000 bajo el Gobierno del presidente Aznar, consolidando nuestro compromiso con la legalidad internacional y la defensa de los derechos humanos. Hoy le toca a este Parlamento reforzar nuestra capacidad de respuesta ante formas de violencia particularmente crueles que siguen empleándose en los conflictos armados. Las enmiendas que debatimos, aprobadas en 2017 y 2019 por la Asamblea de los Estados parte, buscan incluir en el Estatuto de Roma los cuatro nuevos crímenes de guerra a los que han hecho referencia todos los intervinientes con anterioridad: el uso de armas biológicas o tóxicas, el uso de armas que hieren con fragmentos imposibles de detectar por rayos X y de armas láser concebidas para causar ceguera permanente, y el uso del hambre como método de guerra, al privar intencionadamente a la población civil de los medios indispensables para sobrevivir. Todas esas prácticas no solamente violan las leyes de la guerra, sino que también son una afrenta directa a la dignidad humana. Criminalizarlas de forma expresa en el Estatuto de Roma, como haremos a partir de hoy, es un paso urgente y coherente con los principios que inspiran a las democracias liberales. Sabemos que el proceso de reforma del estatuto es lento, pues cada enmienda necesita una ratificación individual de los Estados, pero esa lentitud responde a una lógica diplomática, que es garantizar un consenso amplio, evitar imposiciones y reforzar la legitimidad del sistema.»

Fragmento 1 de 3 de esta intervención.