«Señorías, hablar de justicia internacional exige también coherencia política, porque, mientras hoy debatimos reforzar el Estatuto de Roma y cómo hacerlo, el Gobierno mantiene una política exterior complaciente, cuando no permisiva, con regímenes autoritarios como los que llevan décadas en Cuba, Nicaragua o Venezuela. El Gobierno lleva una política exterior permisiva, por ejemplo, con los invasores sobre los ocupados en el conflicto del Sáhara Occidental, contraviniendo el derecho internacional más elemental y las resoluciones de la ONU y de los tribunales. Señorías, no se puede condenar a Putin y, al mismo tiempo, financiar su invasión y sus guerras, comprándoles el gas. (Aplausos). No se puede condenar a Putin y actuar como defensores de Nicolás Maduro y trabajar, como se hizo, para que el vencedor de las elecciones tuviese que abandonar el país en el que las ganó. La Corte Penal Internacional ha dado un paso valiente al emitir órdenes de arresto contra responsables de crímenes en Ucrania, incluyendo al propio presidente ruso. La pregunta que debemos hacernos es si el Gobierno va a exigir que avance en la investigación sobre Venezuela iniciada en el 2018, si va a instar a la Fiscalía del Tribunal de la Corte Penal Internacional a actuar o si va a reclamar a la Sala de Cuestiones Preliminares que dicte una orden de arresto contra Nicolás Maduro. Esta Cámara se lo ha pedido y el Gobierno tiene la obligación política y moral de actuar cuanto antes. (Aplausos). La lucha contra la impunidad no se elige a conveniencia y los principios no se defienden unos días sí y otros no, en unas causas sí y en otras no; la política exterior hay que sostenerla con principios, con decisiones y con decencia, sobre todo en los casos que afectan a los más desfavorecidos.»

Fragmento 2 de 3 de esta intervención.