«Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. La proposición de ley que defendemos hoy no va dirigida solo hacia el Gobierno Netanyahu, es una norma general de estructura automática que establece un embargo armamentístico a cualquier Estado que esté investigado por crímenes de guerra, de lesa humanidad o actos susceptibles de constituir un genocidio por parte de un tribunal internacional reconocido por el Estado español. Queremos que sea ley para que su aplicación no dependa del color político del Gobierno de turno. Si existen sospechas fundadas de crímenes de lesa humanidad, no se venden armas, y punto. Desde nuestro punto de vista, esto se podría ampliar, porque somos un partido tremendamente antimilitarista y que está en contra de la venta de armas; si además se utilizan para atacar a toda la humanidad, todavía más. Pero hoy hay que hablar del caso más urgente y flagrante, la gente de Netanyahu. Estamos aquí sentados y la ONU y la Corte Penal Internacional han dejado claro que no hay duda de que este Gobierno ha cometido crímenes contrastados muy graves y susceptibles de ser considerados genocidio. La Corte Internacional de Justicia ha dictado medidas cautelares urgentes y la Asamblea General de la ONU ha instado a todos los Estados a suspender la exportación de armas a Israel, a todos los Estados, también al Estado español. ¿Y qué ha hecho el Estado español? Condenar con la boca pequeña, a pesar de ser los que más han condenado -otros no lo han hecho-, y seguir negociando con quien mata. Alguien que me ha precedido ha dicho que se han recomendado contratos por más de 1000 millones de euros con empresas israelíes después del 7 de octubre. Dijeron que suspendían el comercio de armas, pero siguieron firmando. En mi opinión, es una traición a la paz. ¿Cómo puede ser que un Estado que ha ratificado el Tratado sobre el Comercio de Armas, que prohíbe expresamente la exportación en caso de riesgo de crímenes de guerra siga vendiendo componentes y manteniendo contactos con quien está bajo una sospecha fundamentada de cometer crímenes de lesa humanidad? Esta ley lo evita. La celebramos. Establece que si un tribunal internacional investiga a un Estado por crímenes graves, el Estado español debe activar automáticamente un embargo armamentístico, sin excusas, sin dilaciones y sin dobles morales. Nos alegramos de ello. Basta ya de permitir que los tratados internacionales no sean más que papel mojado, basta ya de jugar con la vida de millones de personas. Hay que recuperar el hecho de que estas instituciones tengan alguna validez o sirvan para algo.»

Fragmento 7 de 10 de esta intervención.