«Y esto también genera inseguridad jurídica. Habla The Economist, que ha sido citado muchas veces aquí aunque no en este caso, de una vuelta en España al Estado empresario, en contra de todas las tendencias que se marcan en la Unión Europea, que genera distorsiones en la competencia y dudas sobre el ajuste al marco comunitario de ayudas de Estado y sobre la falta de neutralidad en estas operaciones, porque se puede pensar que el Gobierno decide cuál es la empresa que sobrevive y cuál es la que no sobrevive y añade incertidumbre con otras operaciones, como la consulta pública de una OPA bancaria después del informe de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, y los inversores, especialmente los extranjeros, se retraen, dada la creatividad intervencionista de este Gobierno. Y también distorsiona el funcionamiento ordinario de las empresas estratégicas, con mercados de capital que ven que entra capital público de los impuestos al mismo tiempo que recursos propios de empresas saudíes. También afecta a la gobernanza: no hay ningún plan de actuación. Y afecta en cuanto a los riesgos morales: ¿por qué voy a tener que gestionar bien si viene el Estado a rescatarme si el problema es grande? El corolario es que la credibilidad está en entredicho y la reputación dañada, y no lo dice el Grupo Popular, sino la propia presidencia de SEPI al convocar una cumbre con todas las empresas participadas precisamente para reconducir los aspectos reputacionales que está afrontando.»

Fragmento 4 de 5 de esta intervención.