«Señor ministro, yo le hago una petición muy clara: España tiene que defender que permanezcan los estándares mínimos de atención y garantía de derechos que existen ahora mismo en las leyes españolas e internacionales, porque siempre tendrán que estar por encima de lo que nos diga un reglamento de la Unión Europea que no obliga a restringir derechos, que no obliga a restringir derechos. Y, desde luego, nos preocupan las limitaciones a la asistencia jurídica en todo el procedimiento y no solamente en los recursos que se han incluido en el proyecto de reglamento. Que el máximo de setenta y dos horas de detención que existe en nuestro país pase a convertirse en una excepción no es asumible; el derecho a recibir información adecuada y a un intérprete en cualquier procedimiento de protección internacional es un derecho que se tiene que consolidar y garantizar; las solicitudes de protección tienen que ser analizadas individualmente y no puede haber análisis colectivos; y las garantías de no devolución previstas en la Convención de Ginebra de 1951 son sagradas e intocables.»

Fragmento 8 de 10 de esta intervención.