Enrique Fernando Santiago RomeroSumar
Diputado
«El reglamento restringe el derecho de las personas solicitantes de protección rechazadas, que, una vez rechazadas, pasan a ser consideradas migrantes y se les limita la posibilidad de recurrir de forma efectiva las decisiones que ordenen su expulsión o su detención. Tiene propuestas que introducen obstáculos más que significativos para las personas que incluso quieran retornar voluntariamente tras una decisión de retorno, porque establece un amplio abanico de circunstancias a las cuales no se les aplicaría el retorno voluntario, sino que directamente se aplicaría una expulsión vulneradora de derechos. Además, nos preocupa especialmente la ampliación de los destinos de retorno. La Comisión Europea propone una ampliación de los posibles países a los que las personas no nacionales de la Unión Europea podrían ser devueltas en contra de su voluntad, y es un catálogo que va mucho más allá de los países de origen de estas personas. Se incluyen países donde la persona haya sido recibida previamente, incluso de forma transitoria, o países donde la persona simplemente esté autorizada a entrar. Es decir, los solicitantes de protección internacional no son objetos para ir arrojándolos de un país a otro -a cualquier tercer país con el que la Unión Europea firma un acuerdo sin considerar el arraigo, los vínculos familiares o los vínculos culturales de la persona deportada-, y por eso hay que definir cuáles son esos terceros países seguros para que las personas no queden atrapadas en una situación de máxima vulnerabilidad. Porque ¿qué va a pasar? ¿Qué terceros países, fuera de la Unión Europea, van a aceptar participar en estos acuerdos? ¿Qué van a ser, acuerdos a cambio de dinero, como los que hace Bukele en El Salvador, poniendo precio a cada deportado, en una moderna trata de personas, como está haciendo la Administración estadounidense con los inmigrantes (aplausos) que expulsa a El Salvador y mete en un centro antiterrorista? Además, la expulsión rompe los núcleos familiares y hay que proteger también los derechos, especialmente los de los menores.»
Fragmento 9 de 10 de esta intervención.