«Punto dos, doble regulación. Inventar problemas que ya están resueltos. El sistema actual ya exige cursos de reeducación vial, Real Decreto 818/2009, para recuperar los puntos. Informe médico cuando hay inhabilitación por drogas, artículo 14.2 del Reglamento de Conductores. La propuesta del Partido Popular no añade ningún filtro nuevo, solo repite trámites existentes como si para combatir la obesidad propusiéramos medir el peso dos veces con la misma báscula. Punto tres, educación vial. Legislar por legislar. La Dirección General de Tránsito gasta 88,7 millones anuales en campañas preventivas, según la memoria del 2023. Sus programas específicos para infractores redujeron reincidencias en un 34 % desde el 2018. La propuesta del Partido Popular no aumenta los presupuestos para estas campañas, no propone nuevos métodos pedagógicos; es simplemente un brindis al Sol -esperemos que 0,0 de contenido real-. Punto cuatro, pruebas aleatorias. Inconstitucionalidad manifiesta. El Tribunal Constitucional ya sentenció en el 2018, en su norma 145/2018, que los controles sorpresa sin causa vulneran el artículo 18.1. Solo son válidos en entornos de alto riesgo: centrales nucleares, aviación Dato revelador: en Francia, donde se permiten pruebas aleatorias en transporte público, el 71 % fueron falsos positivos.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.