«La creciente mercantilización de la educación impulsada por intereses privados y con la complicidad de algunas Administraciones -casualmente del Partido Popular- requiere de medidas contundentes como la que abordamos hoy. En definitiva, se trata de que ninguna universidad pueda pagar dinero a empresas o instituciones para garantizar prácticas a sus estudiantes. Lo que estamos haciendo es asegurar prácticas externas de calidad en igualdad para todos. Estamos evitando que la capacidad económica de algunas universidades condicione el acceso a las prácticas externas, fundamentales para la formación universitaria. No podemos permitir que la universidad pública compita en desventaja contra un modelo que mercantiliza la formación. Esto estaba creando un desequilibrio insostenible. En 2024, el 78 % de las prácticas en empresas del IBEX 35 fueron gestionadas por universidades privadas. La Universidad Europea, aquí en Madrid, destina 1,2 millones anuales a convenios preferentes con empresas como Santander o Inditex. Por otro lado, nos encontramos con universidades como la de Granada, que tuvo que rechazar doscientas solicitudes de estudiantes por falta de plazas financiadas, o la Universidad Pública de Navarra, que denunció que el coste medio por plaza en prácticas curriculares supera los 1200 euros, cantidad evidentemente inasumible para sus presupuestos.»

Fragmento 2 de 6 de esta intervención.