«Hablábamos de ley, presupuestos, financiación -lógicamente, tiene que haberla-, pero también de gestión del presupuesto, que es una parte importante y que a veces se nos olvida. La pregunta sería por qué hay comunidades autónomas que, teniendo la misma situación presupuestaria, ahora mismo han hecho avances importantes en agilización de discapacidad o valoración de dependencia y otras comunidades autónomas no lo han hecho. ¿Por qué hay comunidades autónomas que con las dificultades que tenemos -yo siempre he sido muy crítico con que tenemos margen de mejora- han tenido avances en sistemas sanitarios, en atención primaria o en sistemas sociales mientras que otras están colonizadas por sistemas y modelos privatizadores? Es un tema de gestión territorial y de competencias autonómicas en lo social y en lo sanitario. Tenemos claro que el dinero no es suficiente. El dinero es necesario, pero no es suficiente. Lo que es correcto y necesario es una buena gestión. Cuando mi compañera, la diputada Verónica Martínez Barbero, y yo elaboramos el primer borrador que luego se aprobó de la ley ELA, establecimos dos apartados -la disposición adicional sexta y la disposición adicional octava- que permiten tener una monitorización del cumplimiento de la ley, tanto por las comunidades autónomas como con un seguimiento bienal a largo plazo de la ley. Ahora mismo hay fórmulas para sentarse con las comunidades autónomas y evaluar en qué medida hay unos indicadores de cumplimiento de la ley.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.