«Señorías, las asociaciones se lo dejaron claro al Gobierno: el avance de esta ley solo podía medirse en la atención real a los pacientes, lo cual implicaba para ellos financiación adecuada, coordinación efectiva de las comunidades autónomas y puesta en marcha de un plan de choque que atendiera a los casos más urgentes sin esperar al desarrollo normativo completo. Pero no, ni asignación inmediata de recursos, ni coordinación efectiva de las comunidades autónomas, ni puesta en marcha de ningún plan de choque para los casos urgentes. Nunca la palabra paciente tuvo tanto sentido. Aunque el artículo 2 de la ley deja claro que la aplicación de la misma debe ser inmediata desde su entrada en vigor, la realidad es que desde entonces han seguido muriendo tres pacientes de ELA cada día, que han muerto ya seiscientos enfermos desde que se aprobó la ley, que son alrededor de mil los que mueren al año y que una de cada cinco eutanasias que se practican hoy en España es de enfermos con ELA, a los que no les dejaron otra alternativa que pedir la muerte. Ante este desolador panorama no podemos más que preguntarnos si acaso el objetivo de la sanidad española no es salvar vidas, sino ahorrar dinero. Ahorrar dinero, ofreciendo a los enfermos de ELA la eutanasia en lugar de recursos. (Aplausos). Igual que se la ofrecen a otros enfermos terminales que sufren, en lugar de unos cuidados paliativos de calidad para morir dignamente. No hay duda, señorías, de que esta lucha por la vida es una cuestión de principios, principios de los que ustedes carecen. Para quienes no piensan que la vida hay que defenderla desde la concepción hasta la muerte natural, nunca será prioritario gastar cuanto sea necesario para conservarla. Así de importantes son los principios en la política.»

Fragmento 3 de 4 de esta intervención.