«Así que, como van a entender, si de lo que tenemos que hablar es de quién tiene que liderar una comisión de investigación, en este caso yo no puedo dar los apoyos, porque creo que se han equivocado durante todo este mes señalando erróneamente culpables y afectaciones. Y ese ha sido su bagaje. Pero, además -lo comentaba también la diputada Narbona-, ya tienen las conclusiones redactadas: la culpa de todo la tiene el Gobierno. ¿Para qué quieren la comisión? ¡Si ya saben a qué conclusión quieren llegar! Ustedes ya lo han redactado todo. Pero hay una cosa que caracteriza el sistema eléctrico español y que lo diferencia del europeo, y es que tenemos el sistema más privatizado de toda Europa. Hemos privatizado el transporte, la distribución e incluso la titularidad de las infraestructuras. Ustedes entregaron a un oligopolio empresarial una red a perpetuidad. (El señor Mariscal Anaya hace gestos de sorpresa). Ahí no hay competencia, es un mercado cautivo -no sé qué tiene eso de liberal- a diferencia de Europa, donde, por ejemplo en transporte, hay países que tienen la red pública: Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Países Bajos, Polonia, Francia, Suecia, República Checa, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia... Y lo mismo con la distribución. ¡Si lo que nos diferencia es que lo privatizaron todo!: la red, las reglas del juego, las decisiones... Han reducido una y otra vez el papel del Estado y de las Administraciones públicas a la mínima expresión, sacándole todas las herramientas de control y gobernanza. Y ahora que el sistema vuelve a fallar, otra vez la culpa es del Estado. Han conseguido llevar a otro nivel eso de privatizar los beneficios y socializar las deudas. Ustedes dicen: privatizar los beneficios y socializar siempre la culpa. Entonces, esto es un negocio redondo, sin riesgo ni ventura, beneficios desorbitados y sin responsabilidades técnicas ni políticas. Este es el chiringuito que montaron en 1997. Privatizaron el sistema, y lo que pasa es que ha fracasado esa privatización. Y esta ha sido la enésima demostración. La otra demostración la tuvimos en 2020-2021, cuando los precios se multiplicaron por cinco. Incluso la Agencia Internacional de la Energía cifró en más de 200 000 millones de euros los beneficios extraordinarios para 2022. El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann -por cierto, del Partido Popular- pidió que se deberían atajar esos beneficios para repartir sus impactos. De eso iba el gravamen temporal energético del que ustedes conjuntamente con VOX, con Junts y con PNV entregaron las letras estas Navidades. Un sistema que ha fracasado para dar seguridad energética, que ha fracasado para controlar los precios y que ha fracasado al expulsar a 8 millones de personas, que padecen pobreza energética.»

Fragmento 7 de 8 de esta intervención.