«De hecho, déjenme destacar que existen múltiples modelos que compatibilizan la práctica de estos deportes náuticos con el respeto de la normativa y la accesibilidad por parte de toda la ciudadanía. Este es el caso del Centro Municipal de Vela del Prat de Llobregat, un edificio del ayuntamiento, que hace el mantenimiento, mientras que la gestión del club de vela la hacen sus socios y socias, acercando el surf, el paddle, el kayak, el windsurf y el catamarán a ciudadanos de todas las edades de esa zona. Este club ahora está dentro de la legalidad de la normativa y, por tanto, su futuro, tanto legal como económico, está asegurado. Cuarta y última razón. Negar la emergencia climática no salvará ni un metro de la costa. La proposición del Grupo Popular no plantea una política para el litoral, sino unos parches para mantener los privilegios de aquellas edificaciones cerca del agua que están dentro del dominio público mediante el deslinde debido al retroceso de la línea de la costa. Las playas son un bien escaso y valioso. Permitir usos privativos con grandes instalaciones o edificaciones impide el uso público de los arenales y la costa. (Aplausos). Y esto precisamente es contrario al interés público que deben defender las Administraciones públicas. Pero además se obvia que la erosión y el retroceso de la línea de la costa están vinculados principalmente a la antropización de la costa y la presión urbanística y turística. La subida del nivel del mar debida al calentamiento global irá en aumento en las próximas décadas y se lo llevará todo por delante. De hecho, según el Panel Intergubernamental en Cambio Climático, el IPCC, de las Naciones Unidas, se prevé una subida entre 0,63 metros y 1,02 metros para el 2100, en el escenario más pesimista. Esto impactará en ciudades costeras como Huelva o Santander, en infraestructuras como el aeropuerto de El Prat -señorías del Grupo Socialista, tomen nota- o en zonas protegidas, como el parque nacional de Doñana.»

Fragmento 4 de 6 de esta intervención.