«Como dice esta proposición en su exposición de motivos, el Gobierno ha puesto en marcha el Plan de Acción por la Democracia, para fortalecer los principales elementos de nuestro Estado de derecho y también para combatir los riesgos que sufren las democracias con la desinformación y dar más herramientas y poder a la sociedad española para evaluar la acción de los poderes públicos. Así, uno de los tres ejes del plan es reforzar el Poder Legislativo, mediante reformas que garanticen una mayor transparencia, mayor publicidad y fiscalización en el ejercicio de la labor legislativa. El artículo 23 de la Constitución recoge la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y se han puesto en marcha numerosos mecanismos a través de los cuales los servidores públicos interaccionan con la ciudadanía y escuchan las demandas para seguir mejorando nuestro modelo de convivencia. La regulación de la actividad de influencia de los grupos de interés en el seno de las Cortes Generales es una asignatura pendiente. Cumplidos cuarenta y cinco años de la aprobación de la Constitución hay que abordarla, pues se han producido numerosas transformaciones en el seno de la política española que deben encontrar respuesta en el ordenamiento jurídico español. Entre los nuevos instrumentos para influir en los acuerdos adoptados por los poderes públicos han cobrado especial protagonismo los grupos de interés y personas físicas y jurídicas que actúan en su representación, entre las que se encuentran empresas de representación institucional o de asuntos públicos.»

Fragmento 2 de 5 de esta intervención.