«Ya hemos visto los resultados de estas políticas del consenso progre: miles de olivos talados en España, especialmente en zonas de Andalucía, como Jaén y Granada; proyectos que arrasan olivares tradicionales y condenan al abandono a comarcas enteras de nuestro territorio nacional. No se arrasan los olivares intensivos de los grandes capitales; no, se arrasan los del agricultor que es más mayor de edad, que no tiene relevo generacional y que al final se ve obligado a vender su tierra por desesperación. Y mientras esto sucede, el Gobierno calla, el PP colabora y Bruselas aplaude. (Aplausos). Pero hay alternativas, las hay y se están aplicando en otros países de Europa que sí protegen su soberanía agraria. Lo que pasa en España no es nada normal. Es decir, Italia, por ejemplo, ha prohibido la instalación de macroplantas solares en terrenos agrícolas productivos y solo permite proyectos agrivoltaicos que respeten el cultivo y el paisaje. Es un modelo que protege al agricultor y prioriza la función alimentaria de la tierra. Francia también ha restringido las plantas solares en suelos agrícolas cultivables -se trata solo de respetar los principios fundacionales, además de la política agraria común-. Su ley de energías renovables de 2023 prohíbe proyectos en tierras agrícolas activas y su decreto de 2024 sobre agrivoltaica impone condiciones muy estrictas, para asegurar que la producción agrícola no se vea comprometida en un futuro, también por interés nacional. Y Alemania también ha legislado un paquete fotovoltaico que prioriza el uso dual del suelo agrícola mediante modelos de coexistencia energética agraria, sin destruir la función esencial del campo.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.