«Es un informe estructurado, que facilita la identificación de manera clara y precisa las principales problemáticas, las actuaciones realizadas y las cuestiones sobre las que hay que trabajar; arroja luz y despeja dudas. Hay que dejar una cosa clara, que es de la máxima importancia: las actuaciones del Defensor del Pueblo se refieren a todas las Administraciones, no solo a la estatal. Esto significa que la fiscalización de esta institución es total, completa y transversal, a pesar de las diferentes competencias institucionales. La institución del Defensor del Pueblo es, junto con los ayuntamientos, una de las instituciones más cercanas a los ciudadanos y no solo porque se pueden dirigir directamente a ella, sino porque es fácil hacerlo. El Defensor del Pueblo no hace una mera enunciación de problemas o la simple descripción de lo que sucede, sino que hace recomendaciones para construir una solución y afrontar un problema, y este aspecto se puede comprobar en este informe, en el que más del 80 % de sus recomendaciones son aceptadas por la Administración afectada, sea autonómica, local o estatal. ¿Y por qué acatan esas recomendaciones si no son imposiciones? La clave está en que el Defensor del Pueblo actúa desde el diálogo, buscando el consenso y la colaboración de las Administraciones para solucionar los problemas de los ciudadanos, todo lo contrario de lo que vemos hoy en el bloque de la oposición, donde el disenso sustituye al consenso y la bronca al diálogo, en busca del titular, en busca de un tuit viral, porque esa es toda su preocupación, no los problemas de los ciudadanos. Además, se debe destacar que el Defensor del Pueblo no solo hace recomendaciones y se olvida del asunto. El seguimiento anual que desde la institución se hace sobre algunos asuntos se sostiene en el tiempo.»

Fragmento 2 de 5 de esta intervención.