«Por otra parte, ahí está el proyecto de ley del Gobierno español, y me gustaría poner todo un poco en contexto. En 2015 la mayoría absoluta del Partido Popular, entre otras cosas, aprobó la ley mordaza, la reforma del Tribunal Constitucional, la reforma del Tribunal de Cuentas, la reforma del Código Penal, la reforma de la LECRIM. Ustedes, señorías del PSOE, llegaron al Gobierno en junio de 2018, hace ocho años. La pregunta es muy clara: ¿Han revertido alguna de esas reformas involucionistas del Partido Popular? ¿Han afrontado con las mismas ganas y la misma urgencia que tienen ahora la reforma de estas leyes, como, por ejemplo, la ley sobre secretos oficiales o la del CNI? No, ustedes no han hecho nada, no tienen ninguna voluntad, o, al menos, no les hemos visto ninguna voluntad de reforma democrática del Estado español. Por mucho que intenten maquillarlo hablando de regeneración democrática, este proyecto de ley nos demuestra que no tienen esa voluntad de regeneración democrática. Ayer, miércoles, el señor Bolaños decía que esta iniciativa es la mayor transformación de la justicia en décadas, y hoy lo ha vuelto a decir. Eso es falso; insisto, es falso. La realidad es que una vez más ustedes han eludido cualquier reflexión estructural sobre los déficits democráticos y de garantías que arrastra el sistema judicial español desde la época franquista. Mucha retórica tecnocrática y modernizadora y mucho hablar de transparencia, pero la verdad es que su propuesta es lo que a ustedes les interesa. Lo que vemos, señor Bolaños, es que se perpetúa un modelo judicial ajeno a la pluralidad social, un modelo que desconoce la existencia de las lenguas oficiales diferentes del castellano, que no busca solucionar la politización del Poder Judicial y que únicamente pretende hacer entrar por la ventana a los que no han podido entrar por la puerta; un modelo que deja el artefacto judicial sin tener en cuenta los contrapesos, mecanismos o dispositivos de control democrático que realmente necesita el Poder Judicial, y, en lugar de eso, habilita la intromisión del Gobierno en los nombramientos de los jueces y los fiscales.»

Fragmento 2 de 6 de esta intervención.