«En segundo lugar, hay que replantear la arquitectura organizativa de todo el Poder Judicial: hay que aplicar el Estatuto de Cataluña sobre el Poder Judicial y también hay que suprimir la Audiencia Nacional, un órgano excepcional que no tiene cabida en un Estado de derecho europeo. En tercer lugar, responsabilidad penal de los jueces. Los jueces, los magistrados y los fiscales son los únicos ciudadanos del Estado -junto al monarca- que están exentos de cualquier sistema de exigencia de responsabilidad penal real. Sin la amenaza de responsabilidades penales y con impunidad total no hay Estado de Derecho, lo que hay es la institucionalización del corporativismo y la prevaricación, lo que ya es la dictadura de las togas que todos nosotros conocemos. Lo hemos visto en un Tribunal Supremo que se niega a aplicar al presidente Puigdemont la ley de amnistía. Miren, no nos extraña nada que la cúpula judicial haya respondido como ha respondido a la ley de amnistía, porque la ley de amnistía, como sabe usted señor Bolaños, no es un perdón, no es una indulgencia graciosa del Estado hacia los independentistas, la ley de amnistía es una enmienda a la totalidad a la represión judicial contra el independentismo, una impugnación radical del régimen del 78 que parte del reconocimiento de un conflicto político entre Cataluña y España y que el Estado ha convertido en lawfare.»

Fragmento 5 de 6 de esta intervención.