«Y respecto a las enmiendas sobre las lenguas, sí, lo decíamos antes: no hay justicia democrática posible si no se entiende el derecho del ciudadano justiciable. Sin el requisito de lengua será muy difícil, por lo tanto, que nos pongamos de acuerdo. Incorporaremos las competencias que perdimos en los juzgados de paz, durante la tramitación, perdimos la de matrimonio pero también otras competencias de Registro Civil. Incorporaremos las del derecho civil, de fiscales, de asociación, de interinos o de suplentes; son el 30 % aproximadamente del cuerpo actual y también dictan una gran parte de las sentencias, así que no sé qué es lo que nos explican de que no forma parte del Poder Judicial. Ya forman parte ahora, y es normal que ahora queramos poner algo de decencia en sus condiciones laborales. ¿Qué más? La impunidad, por ejemplo. Ya basta de oír que no podemos hablar de los jueces. Claro que sí, tengo opinión política sobre muchas de las sentencias del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional o de otros órganos del Poder Judicial. Y hay que acabar con la inmunidad, porque hay sentencias manifiestamente injustas tomadas con toda conciencia de su injusticia manifiesta. Ese es un tipo penal, se lo recuerdo. Pero no se puede decir porque, entonces, afectas a la independencia judicial. Pero si no existe, si ustedes ponen y quitan jueces y luego nos vienen a decir aquí que tenemos que respetar no sé qué independencia judicial. Francamente, respeten ustedes nuestra independencia el día que la declaremos, porque al menos será más real. Por tanto, de ninguna de las maneras dejaremos de opinar de los jueces y de ninguna manera vamos a dejar de intentar que tengan un sistema de responsabilidad, que se les pueda pedir que rindan cuentas por sus sentencias y por sus interlocutorias.»

Fragmento 9 de 10 de esta intervención.