29N · generales · dom 29 novfaltan 26 días

Enrique Fernando Santiago RomeroSumar

Diputado

«El paro de jueces y fiscales de ayer fue político, con amenaza de ir a una huelga política, que sería ilegal, para el caso de que este Congreso no legisle al dictado de los huelguistas. Es evidente que no vamos bien si los demócratas no conseguimos que los jueces se dediquen a aplicar las leyes que aprueba el Parlamento en lugar de hacer política, no vamos bien con tribunales que parecen la defensa del comisionista Alberto, el de Quirón, la pareja de la liberticida señora Ayuso, la que ahora pretende imponer multas de 100 000 euros por poner pancartas en la universidad. Llevar al banquillo al fiscal general del Estado por perseguir a delincuentes económicos confesos sobre todo desprestigia a la justicia española, pero es el placebo que los tribunales dan al Partido Popular tras la manifestación de la Plaza de España que se pretendía destituyente y que se quedó en otra demostración golpista más contra las reglas de la democracia. El sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal en España data del siglo XIX. El Partido Popular y VOX pretenden mantenerlo otro par de siglos más, a ser posible. La ley que hoy debatimos moderniza tímidamente el sistema de acceso por oposición libre, que se iniciará con un cuestionario test, seguido de una prueba oral y, finalmente, de una prueba escrita y anónima de resolución de casos prácticos, porque el Estado de derecho de la sociedad de la información necesita juezas y jueces con más habilidades que las memorísticas. El mérito y la capacidad no se miden solo por la facilidad para cantar temas, se requiere también interpretar y aplicar unas normas jurídicas que hoy son mucho más complejas y cambiantes que en el siglo XIX. Los huelguistas y la derecha afirman que evaluar habilidades y conocimientos con métodos distintos al memorístico acaba con el mérito y la capacidad. Omiten que es el mismo sistema que se aplica hace décadas para el acceso a cuerpos de la Administración, como el diplomático o abogados del Estado o administradores civiles del Estado. El paro de ayer ha sido una presión para mantener comportamientos inaceptables y privilegios de larga data.»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.

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