«Segunda enmienda: si se quiere modificar esa planificación, que se tengan en cuenta cuatro criterios, que son la seguridad de las instalaciones, la seguridad del suministro, la competitividad y el análisis de externalidades. Es decir, si las centrales van a seguir operando, tendrán que demostrar que son seguras y, objetivamente, más competitivas que otras tecnologías. Esto es lo que tendría que decir una proposición de ley sobre el suministro eléctrico. Pero sabemos que no pueden demostrar que son más competitivas, por eso quieren imponerlas, porque estas tecnologías son incapaces de demostrar su competencia en cuanto al precio. ¿Y eso qué quiere decir? Pues, perder competitividad empresarial y un mayor impacto para la economía doméstica. Creo que el Grupo Vasco lo ha descrito de forma muy clara. La tercera enmienda es que los costes de esta industria los asuman las empresas. Los 5019 millones de euros de déficit acumulado del Fondo Enresa que ha señalado el Tribunal de Cuentas tiene que ser asumido por estas empresas. Esta tasa deberá garantizar la cobertura integra de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales; y, en el caso de que se valore la extensión de la vida útil, añadir los costes adicionales relacionados con el mayor volumen de residuos, la necesidad de nuevos sistemas de almacenamiento y las adaptaciones de seguridad derivadas del envejecimiento; y esto tendrán que asumirlo las empresas titulares. Se prohibirá expresamente su traslado a los presupuestos generales o a los consumidores para evitar la asociación de los costes de una actividad privada y asegurar la equidad y la competencia en el sector energético. Es que para mí esto es una utilidad tecnológica, es decir, que cada uno asuma sus costes.»

Fragmento 2 de 7 de esta intervención.