«Con esta iniciativa queremos mostrar nuestro compromiso, con firmeza y sin complejos, con quienes luchan por el orden, la justicia y la seguridad nacional. Y no lo hacemos por ideología, lo hacemos porque es lo justo, porque no puede ser que los narcos estén más protegidos que quienes los combaten. Por ese motivo, queremos dar herramientas legales a jueces y a fiscales. Según el índice global del crimen organizado, España ya es el quinto país con mayor criminalidad organizada en Europa. Y no es una exageración, es la cruda realidad que viven nuestros agentes día a día en zonas como el Campo de Gibraltar, el resto de la provincia de Cádiz, Huelva, Sevilla, Málaga o Almería, convertidas en autopistas marítimas del narcotráfico internacional. Uno de los mayores problemas que enfrentan nuestros tribunales y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es que hoy por hoy el transporte y el almacenamiento de combustibles usados por el narcotráfico no es delito, sino una simple infracción administrativa, algo denunciado reiteradamente por la Fiscalía General del Estado, que en su memoria del año 2022 calificó como imprescindible la tipificación penal de estas conductas protagonizadas por los llamados petaqueros: criminales que transportan grandes cantidades de gasolina para abastecer narcolanchas, lo que constituye una parte esencial de la logística del narcotráfico. La Fiscalía presenta severas dificultades en su persecución, tanto por la complejidad de acreditar la vinculación con el narcotráfico como por la imposibilidad de encajar la conducta dentro del Código Penal. Es decir, nuestros jueces no pueden castigar porque no tienen la herramienta adecuada. Por eso los narcos continúan con el lleva y trae a plena luz del día, mientras nuestros fiscales se quedan a oscuras por falta de una redacción del articulado como la que trae nuestro grupo parlamentario hoy al Congreso.»

Fragmento 4 de 7 de esta intervención.