«A través de las distintas preguntas que hemos realizado al Ejecutivo, hemos obtenido respuestas con datos que son realmente escandalosos. En 2018 se registraron 3656 infracciones penales por tráfico de drogas y en 2024 la cifra ascendió a 21 533, un aumento del 589 % en solo seis años de Gobierno de Pedro Sánchez. (Aplausos). Las incautaciones de cocaína se han triplicado en el último lustro, según ha reconocido el propio Gobierno. Solo en la provincia de Cádiz, los litros de combustible aprehendidos relacionados con el tráfico de drogas han pasado de 3000 en 2019 a 34 000 en 2024, lo que supone un aumento del 1000 %. Estas cifras reflejan el inmenso esfuerzo de nuestras fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, de nuestros jueces y magistrados que, a pesar de contar con medios insuficientes y poco personal, siguen dando la cara contra el crimen. Por eso, esta ley no es que sea necesaria, es que es realmente urgente. Aplaudimos el fallo valiente de la Audiencia Provincial de Cádiz, que ha comenzado a aplicar el artículo 568 para castigar el petaqueo como delito. De ahí que queramos reforzar que puedan venir más fallos como este, pero, ahora así, con toda la claridad y sin interpretaciones ambiguas; con un Código Penal que lo diga bien claro: modificar el artículo 568 del Código Penal para tipificar como delito el transporte, almacenamiento o suministro de combustibles inflamables, con temeridad manifiesta, cuando esté vinculado al narcotráfico. Introducir un nuevo apartado que especifique la tenencia de carburantes en cantidades superiores a las reglamentarias como indicio penal suficiente. Esta medida, como mencioné anteriormente, responde exclusivamente a peticiones de jueces, fiscales y asociaciones de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Con ella queremos que desaparezcan las brechas legales y devolver el control al Estado de derecho.»

Fragmento 5 de 7 de esta intervención.