«Nuestro compromiso con los derechos humanos no puede tener fronteras ni excusas, exigimos que el Congreso envíe esta delegación que está pedida para ir a la manifestación del Orgullo en Budapest, una delegación -acabamos de saber de forma informal- que parece que se nos ha denegado. Exigimos al mismo tiempo también a la Unión Europea que actúe con determinación, que imponga sanciones, que congele fondos, que aísle a los Gobiernos que actúan contra la libertad. Porque, frente a vulneraciones de estas características tan graves de los derechos ni Bruselas ni el Gobierno español, señorías del PSOE, pueden seguir mirando hacia otro lado por más PNL que hoy presenten. Y es ahí donde hay que preguntarse qué papel juega el Gobierno español frente a esta ofensiva contra los derechos fundamentales. Creo que la pregunta es adecuada. Y el Ministerio de Igualdad, liderado por Ana Redondo, ¿qué hace exactamente? Porque para nosotros la respuesta es clara y se llama inacción. La ministra ha mostrado una falta alarmante de iniciativa, sobre todo en materia LGTBI. Ninguna ley relevante a día de hoy, ninguna comparecencia con sustancia, ningún liderazgo real. El Ministerio de Igualdad ha pasado de ser un espacio de impulso transformador a una gestoría discreta. Es cierto que hay un contraste con la gestión de Irene Montero, hay que decirlo. Ella aprobó la ley trans en medio de la oposición de su propio Gobierno, hizo una política valiente no una gestión inerte. Y este espejismo queda aún más claro cuando recordamos que hace solo unos meses, en su cuadragésimo primer congreso federal, el PSOE borró la letra Q de LGTBIQ+, excluyendo en su lenguaje institucional (el señor Gutiérrez Santiago hace gestos negativos) -y eso es así- las identidades queer, no binarias y disidentes. Y no es un matiz, esto no es un matiz, es una exclusión deliberada, es una cesión al sector más conservador del partido y es así. Cuando se deja de decir, señoras y señores, se deja de proteger.»

Fragmento 7 de 8 de esta intervención.