«Hay dos aspectos que son particularmente preocupantes. El Consejo Islámico de España tiene interlocución con el Gobierno de España por parte de la comunidad musulmana, y es quien provee de profesores a los centros públicos que imparten la asignatura de religión islámica. Ese consejo ha tenido dos presidentes que han estado procesados por colaboración con banda armada, por financiar redes terroristas. ¿De verdad no entienden ustedes que tienen la obligación de hacer intervenir a la alta inspección? Cuando se descubran hechos similares a los atentados de Barcelona y de Cambrils por parte de jóvenes formados en estas escuelas, ¿de verdad les va a extrañar algo? No se puede decir, obviamente, que todos los musulmanes son terroristas, eso sería una barbaridad, pero si la Audiencia Nacional procesa por ese delito a dos personas, parece obvio que no son las adecuadas para dirigir instituciones educativas. Todo aquello que ustedes rechazan por radical es simple exigencia del sentido común. Hay otro hecho que, en nuestra opinión, es muy relevante, sobre el que Joaquín Robles, mi compañero, les llamó la atención la semana pasada. Es el hecho de que hay una comunidad ahmadí, que es de las más pacifistas que hay en el mundo islámico, que está perseguida en Pakistán -cada pocos meses hay varios asesinatos de personas que pertenecen a este grupo- y que no ha sido admitida por el CIE como grupo musulmán. Esa fetua que los más radicales de Pakistán lanzaron contra ellos resulta que también es válida aquí. Resulta que en el Estado español estamos aceptando cosas como que ese grupo no sea reconocido como un grupo religioso. Por esa razón incluso su mezquita aquí, en España, tiene que pagar el IBI. El hecho de que estemos permitiendo que personas que han sido procesadas por terrorismo y que tienen comportamientos similares a los más radicales del mundo islámico estén tomando decisiones en nombre del Estado español es vergonzoso y no debería permitirse jamás. (Aplausos).»

Fragmento 2 de 4 de esta intervención.