«En consecuencia, permítanme recordarles que la Ley 53/2007, reguladora de esta materia, es una de las más completas, estrictas y avanzadas en su ámbito dentro de nuestro entorno internacional. De ahí que sus principales objetivos sean evitar el desvío de material de defensa, otro material y productos y tecnologías de doble uso al mercado ilícito y, por supuesto, combatir su proliferación. Señorías, por ello España cumple con sus compromisos internacionales y, al mismo tiempo, protege los intereses esenciales de la defensa nacional y la política exterior del Estado, garantizando que el comercio de estos productos se realice con las máximas garantías de seguridad y transparencia. El control llevado a cabo para cumplir esos objetivos no va dirigido a establecer una barrera para las empresas españolas, sino a ser un mecanismo esencial para prevenir el tráfico ilícito y evitar que armamento y tecnologías sensibles caigan en manos de actores que puedan poner en riesgo la paz, la seguridad y los derechos humanos. Además, esta legislación responde a una clara demanda política y social de reforzar el control sobre el comercio de estos productos.»

Fragmento 4 de 8 de esta intervención.