«Gracias, presidente. La justicia hoy es un problema para el 80 % de la ciudadanía, por el funcionamiento del servicio público, por reivindicaciones de derechos de trabajadores y operadores jurídicos y por haberse convertido en un actor político más. Entre las reivindicaciones sobre derechos de los operadores jurídicos, una de los más graves es la reclamación de una jubilación digna para abogados y abogadas, y procuradores y procuradoras. La lucha del Movimiento #J2 y otras asociaciones, ofreciendo propuestas para garantizar este derecho, ha posibilitado que hoy se tramite en el Congreso una ley para conseguirlo, pero simultáneamente los jueces han irrumpido planteando un conflicto supuestamente laboral, aunque en realidad es un conflicto político, un nuevo enfrentamiento del Poder Judicial contra el Legislativo. No es un conflicto por el reconocimiento de derechos, aunque intenten presentarlo así los jueces huelguistas. Lo que pretenden es forzar a este Congreso a que legisle a su dictado. Se apartan así de sus competencias constitucionales, atacando la división de poderes y al Estado de derecho. El derecho a la huelga se conquistó por los trabajadores gracias a la resistencia antifranquista, muy especialmente al Partido Comunista de España y otras fuerzas de izquierda, y a los sindicatos de clase, Comisiones Obreras y UGT. Es cuestionable que los jueces, integrantes de un poder del Estado, sean considerados trabajadores, ¿se imaginan una huelga de diputados?, pero existe una jurisprudencia que reconoce el derecho a la huelga de los jueces cuando se trata de sus condiciones de desempeño profesional. Para las asociaciones judiciales convocantes, el motivo de la huelga es que está en peligro el Estado de derecho y la independencia judicial. Es una valoración claramente política, la misma que repiten desde hace dos años el Partido Popular y VOX. Ante la duda de si una huelga es procedente o no, si es laboral o política, los que deciden son los tribunales. Total, que los ciudadanos nos aguantaremos con esta huelga. Pedimos al Ministerio de Justicia que no se le olvide descontar los haberes correspondientes en las nóminas de los huelguistas y que establezca los servicios mínimos, como ordena nuestra Constitución.»

Fragmento 1 de 4 de esta intervención.