«Arratsalde on. Subo a esta tribuna hoy pensando en cómo garantizar una serie de derechos básicos: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. Y lo hago en relación con unos hechos que, a pesar del tiempo transcurrido, siguen sin haber encontrado la respuesta institucional que merecen y a la altura de su gravedad. Nosotros nos posicionamos favorablemente ante esta proposición no de ley sobre los sucesos de los sanfermines de 1978, porque no se puede construir una democracia plena ni sobre el silencio ni sobre la impunidad ni sobre el olvido. Ya lo han relatado los compañeros, pero corresponde aquí también decirlo. El 8 de julio de 1978, en la plaza de toros de Iruña, la Policía disparó fuego real contra una multitud desarmada. Aquel día, un joven, Germán Rodríguez, fue asesinado. Otros muchos fueron heridos. Esa noche, según datos oficiales, se dispararon más de 4000 pelotas de goma y más de 100 balas de fuego real. El centro de Iruña amaneció arrasado, pero lo que más pesa es que, cuarenta y siete años después, no hay ni una sola responsabilidad asumida, ni judicial ni política ni institucional. Y este Congreso no puede seguir mirando hacia otro lado. Lo que ocurrió en los sanfermines de 1978 fue una vulneración brutal de los derechos humanos en pleno proceso de transición y lo fue -hay que decirlo claramente- desde el Estado. La falta de respuesta durante décadas nos interpela a todos los que ocupamos hoy estos escaños. Y lo digo también desde un lugar un poco más personal, porque yo soy de Vitoria-Gasteiz y, en mi ciudad, el 3 de marzo de 1976, dos años antes, también hubo fuego real, también hubo policías disparando a trabajadores desarmados, y también hubo muertes, también hubo heridos y también hubo impunidad. Porque cinco trabajadores fueron asesinados por la Policía tras una asamblea en una iglesia del barrio de Zaramaga. Por eso lo que se plantea hoy aquí es un debate fundamental. Es una cuestión de justicia democrática.»

Fragmento 1 de 3 de esta intervención.