«Señora presidenta, muchas gracias. Señor Matute, hoy el régimen legal en nuestro país ya contempla las dos figuras que usted plantea en su diagnóstico. Contempla que es delito tanto el funcionario que se corrompe como la empresa o el particular que ofrece regalos y dádivas al funcionario. Por tanto, eso ya existe. No hay una limitación de responsabilidad, es para personas físicas y es para personas jurídicas. Y lo que hicimos, que además fue con el voto de su grupo parlamentario, fue añadir un nuevo delito, el de enriquecimiento ilícito, tal y como nos estaba sugiriendo Naciones Unidas que hiciéramos. Y no solo eso, nuestro régimen legal, en la ley de contratación del sector público, también impide que empresas que hayan corrompido a funcionarios puedan optar a licitaciones públicas. Incluso, hoy por hoy, también la ley española dice que en las juntas de contratación de los ministerios solo puede haber funcionarios de carrera. No puede haber cargos públicos, no puede haber altos cargos, no puede haber personal eventual, solo funcionarios de carrera. Por tanto, tenemos un régimen jurídico que, por supuesto, da respuesta a la pregunta que usted plantea. Pero también le digo que, desde luego, todo se puede perfeccionar y que nosotros estamos también encantados de escuchar propuestas y sugerencias, porque nuestra idea, en lo que sea posible, es mejorar el régimen legal para evitar comportamientos que nos han abochornado, como lo que hemos conocido en las últimas semanas. Gracias. (Aplausos).»