Enrique Fernando Santiago RomeroSumar
Diputado
«Sobre las denuncias del Partido Popular de interferencias del Gobierno en las investigaciones de la UCO, a la vista del terremoto causado en el PSOE por los informes que esta unidad, en funciones de policía judicial, ha dado a conocer -que ha mostrado, obviamente, un caso de corrupción deleznable que condenamos con toda contundencia-, es evidente que no son más que una mentira más de las que nos tienen acostumbrados, con el habitual despropósito de deslegitimar la democracia. La verdad es que sorprende más tras el acoso del PP a la UDEF y al inspector Morocho. Desde luego, no están en condiciones de poder acusar a nadie de acosar a la policía judicial después del antecedente que tienen ustedes en la materia. Los informes de la UCO se están utilizando con fines políticos desestabilizadores, y no precisamente por los agentes investigadores. Mientras imputa al fiscal general por revelación de secretos y filtración de información, ¿cómo es posible que meses antes de enviarse los informes de la UCO a la justicia el señor Feijóo nos fuera relatando en las sesiones de control del Gobierno el contenido de esos informes, incluso reconociendo en una que tenía el informe completo? ¿Cómo es posible que el contenido de los informes policiales haya circulado con antelación por redes y medios de comunicación? El informe de la UCO fue entregado al Tribunal Supremo el 5 de junio. ¿Cómo es posible que estuviera en manos de periodistas, que reconocen haberlo conocido por fuentes de la Guardia Civil? Y lo reconoce, entre otras, Pilar Gómez Rodríguez en declaraciones vertidas en el programa de televisión Todo es mentira. En el informe de la UCO aparecen transcripciones de audios intervenidos al tal Koldo; sin embargo, los medios de comunicación están difundiendo los audios íntegros, no las transcripciones. Esto solo puede haber salido de dentro de la propia UCO, y no hay más que revisar la cadena de custodia, señor ministro, para comprobar quién ha actuado con fines políticos, traicionando sus obligaciones deontológicas profesionales como policía judicial. (Aplausos).»
Fragmento 6 de 9 de esta intervención.