Pedro SánchezPSOE
Presidente del Gobierno
«En todo caso, es evidente que esa integridad no es absoluta. En nuestro país sigue habiendo corruptos y corruptores. Sigue habiendo políticos y cargos públicos, de todas las ideologías, procesados por malversación, por cohecho o por blanqueo de capitales. Sigue habiendo también -pocos, pero los hay- miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado -por ejemplo, el comisario Villarejo- acusados de revelación de secretos, falsedad documental y organización criminal. Sigue habiendo empresarios que pagan mordidas, sobornos para influir en la legislación u obtener contratos públicos. (Rumores). Señorías, lo que quiero decir con esto es que en España no existe una corrupción sistémica y, si existe esa corrupción, que la hay, pero lo vemos en términos históricos, con perspectiva histórica, es mucho menor que en el pasado. Pero sigue existiendo, y la causa es un grave daño a las instituciones, a la confianza en nuestras instituciones democráticas, al tejido productivo y, en definitiva, a nuestra ciudadanía. A lo largo de los últimos años, el Gobierno de coalición progresista ha puesto en marcha o adoptado más de treinta medidas para combatir esta lacra. Hemos hecho muchas cosas, también con el apoyo de una amplia mayoría de grupos parlamentarios en esta Cámara. Hemos modificado lo que hizo la anterior Administración del Partido Popular, que es la modificación del Código Penal para derogar los límites a la instrucción de macrocausas, penalizar el enriquecimiento ilícito de cargos públicos, ampliar la corrupción también al ámbito privado tipificando nuevos delitos entre particulares. Hemos reforzado los recursos de la fiscalía anticorrupción, hemos incrementado en un 61 % los recursos y los efectivos de la UCO, de la Guardia Civil, hemos protegido a quienes denuncian corrupción mediante la ley de protección del informante y la creación, también para ello, de una autoridad independiente específica. Hemos aprobado un sistema de integridad para la Administración General del Estado que incluye, entre otras cuestiones, canales de denuncia, protocolos de gestión de riesgos, mecanismos, también de evaluación. Y hemos impulsado una ley de transparencia y de integridad de los grupos de interés, ya en tramitación parlamentaria, que dotará de luz y de reglas a la actividad de los lobbies, de los grupos de presión, en nuestro país.»
Fragmento 5 de 9 de esta intervención.